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Luego de más de tres intentos en el último año para que la ratificación fuera votada, este domingo, al término del actual periodo legislativo; no se avanzó en el debate. El pasado 4 de marzo, 24 Estados de América latina y el Caribe adoptaron el Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la región. Si no está al tanto de lo ocurrido siga leyendo…
El Acuerdo de Escazú es la forma corta de nombrar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el pasado 22 de abril. Aunque lo han firmado 24 países, 12 aún no lo ratifican, entre ellos, Colombia.
El Congreso colombiano dejó hundir la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. El Legislativo no votó el proyecto firmado con mensaje de urgencia por el Gobierno de Iván Duque. El 20 de julio de 2020 el presidente Iván Duque radicó la propuesta para ratificar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, el pasado 20 de junio finalizó el periodo legislativo y el convenio no se sometió a votación, lo que significa que su ratificación se hundió en el Congreso sin siquiera estar en la agenda.
“En principio, el objetivo del acuerdo es fortalecer la implementación de los estándares de democracia ambiental para lograr el derecho a un ambiente sano”, explica Natalia Gómez Peña, abogada con máster en Estudios Legales Internacionales de la American University Washington College of Law, oficial de incidencia para América latina de Civicus (una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo) y representante del público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Adicionalmente, según Gómez Peña, el acuerdo brinda instrumentos de cooperación internacional para facilitar la implementación y seguimiento de estos compromisos.
En julio de 2020, el mismo mes en el que Iván Duque llevó el acuerdo al Congreso, la ONG Global Witness documentó que en 2019 Colombia fue el país en el que más defensores del medioambiente fueron asesinados: 212. Además, el Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que documenta y cataloga los conflictos sociales en torno a problemáticas ambientales ubica al país en el sexto lugar, con 130 casos reportados, detrás de India, Brasil, Estados Unidos, México y China.
La situación para los líderes ambientales en Colombia es alarmante pero no es menor para los otros países de la región, pues 7 de los 20 países con más casos reportados en el Atlas de Justicia Ambiental son países latinoamericanos.
Y es que el documento señala y destaca el papel que desempeñan aquellos que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que en ocasiones son vistos como “piedras en el zapato” del llamado “progreso”. “Muchos de los ataques a defensores y defensoras se dan en un marco de estigmatización y criminalización, donde los Estados no reconocen su rol, sino que les dicen opositores al desarrollo y se les criminaliza, así que el acuerdo le hace frente a ese discurso y propone una narrativa más positiva”, explica Natalia Gómez Peña.
Principalmente porque no fue considerado por el legislativo como un tema prioritario, lo que llevó a la dilación de las discusiones y a que no se votara; aunque el presidente Iván Duque haya radicado la propuesta con mensaje de urgencia. La Comisión Segunda del Senado, en donde se llevó a cabo el debate sobre la ley que sanciona el Acuerdo, realizó hacia finales del año pasado varias sesiones en las que participaron, además de los congresistas, representantes de los empresarios y colectivos ambientalistas.
A todos como individuos nos debería interesar, ya que todos como seres humanos necesitamos garantizar la protección y disposición de los recursos naturales para nuestra supervivencia, también es algo que compete a los gremios, a quienes debería interesarles el Acuerdo, pues les dará seguridad jurídica de que sus inversiones no generarán conflictos socioambientales al tener en cuenta a las comunidades; además les advertirá dónde no poner el dinero y evitar problemas a futuro.
Principalmente informandonos, es importante que todos como ciudadanos estemos al tanto de estas problemáticas que nos involucran directa e indirectamente, podemos aportar nuestro granito de arena ayudando a dar visibilidad, hablando de ello y en conclusión haciendo de esto algo mediático, ya que puede funcionar para que los congresistas, presidente y líderes involucrados se vean presionados a dar mayor importancia y atención a este asunto.
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